Postulación de procesados es un fraude

El rector del CNE, Humberto Castillo, afirmó que estas postulaciones son un intento de eludir la ley
Postulación de prófugos de la justicia venezolana y procesados penales a cargos de elección popular es un intento de fraude a la ley, pues se intenta eludir el proceso judicial, por lo que “no se deben aceptar candidaturas en esos términos”, expresó este martes el rector del CNE, Humberto Castillo.

En declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario explicó que “si un tribunal ha dictado privativa de libertad o está procesando a un ciudadano y, por la vía de la postulación se intenta eludir ese proceso judicial, estamos en presencia de fraude a la ley, por lo que no se debe aceptar una postulación planteada en esos términos”.

Asimismo, detalló que el artículo 35 del Reglamento del CNE, en concordancia con lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Nacional, establece que aquellas personas que han sido condenadas por un tribunal no podrán postularse a cargos de representación popular durante el tiempo que dure su condena.

Refirió que existen precedentes de casos en los que procesados intentaron postularse a cargos públicos; sin embargo, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), determinaron fraude a la ley, por lo que se ordenó retirar las candidaturas.

“El 2 de octubre del año 2002, en ponencia del magistrado Luis Eduardo Cabrera, de la Sala Constitucional del TSJ, se estableció una sentencia que caracteriza lo que es el fraude a la ley y en ella el magistrado dice que éste surge cuando algún ciudadano trata de eludir un mandato de algún órgano del Poder Público, haciendo uso de una medida de cierta eficacia legal para lograrlo”, explicó Castillo.

Además, señaló que producto de esta sentencia, en el año 2008, en ponencia del magistrado Alfredo Sucre, de la Sala Electoral del TSJ, elaboró una sentencia que inhabilitó al prófugo de la justicia Eduardo Lapi, quien se postuló a la gobernación del estado Yaracuy, tratando de eludir un mandato judicial de procesamiento, “en consecuencia, se consideró que eso era un intento de fraude a la ley, sentencia que obligó al CNE a retirar la postulación de Lapi”.

Tras este precedente, Castillo considera que “cualquier pretensión de esta naturaleza en la actualidad es un intento de eludir la ley, pues se está intentando desacatar el artículo 31 de la Constitución Nacional que establece que toda persona debe acatar los dictámenes dictados de los órganos del poder público”.

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